«Esta empresa lo ha tenido todo, pero no ha hecho nada», lamentan los empleados, que han visto perder las ayudas para la nueva fábrica

Trabajo autoriza la extinción de los contratos por los incumplimientos de la compañía

«Hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. Esta empresa lo ha tenido todo y ella sí que no ha hecho nada», lamentó el presidente del comité, Juan Paredes, tras conocer la medida adoptada por la autoridad laboral. La anulación de los contratos fue pedida hace un mes y medio por la propia plantilla como paso previo al nuevo frente que se abre ahora: la reclamación judicial de las indemnizaciones.

Lo que ha hecho la Dirección General de Trabajo ha sido pronunciarse sobre la precaria situación laboral de los empleados tras analizar un informe elaborado por la Inspección. La resolución recoge las alegaciones de los obreros pero no las de Española del Zinc, que, según Paredes, no respondió a las peticiones de información de los inspectores.

Batería de demandas

Lo que no hace Trabajo en su resolución es calificar la situación en la que quedan los obreros. Paredes explicó que a partir de ahora serán los abogados de los sindicatos quienes estudiarán la situación y reclamarán en los juzgados el despido improcedente de todos ellos.

«De momento, lo que vamos a hacer es tramitar esta situación ante el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) para que se puedan contemplar ayudas a los compañeros mientras dura esta situación», explicó Juan Paredes.

El presidente del comité recordó que los dos expedientes de regulación de empleo que han soportado en 2009 -el actual expira mañana- sólo han servido para agotar las prestaciones: veinte obreros se quedarán sin paro el día 1 de enero y otros doscientos, en febrero. Un reducido grupo de trabajadores tiene todavía derecho a un año de prestación ya que no fue 'regulado' en el año 2005.

No obstante, una nueva norma laboral permitiría a los obreros afectados por los expedientes acogerse a prestaciones durante otros cuatro meses más.

Para extinguir los contratos, Trabajo ha tenido en cuenta que los obreros no tienen un lugar físico al que reincorporarse a partir de pasado mañana. Hace dos años que la empresa dejó de producir zinc en la planta de Torreciega, clausurada definitivamente durante el verano de 2008. Posteriormente demolió las instalaciones, que ahora son un inmenso solar de 600.000 metros cuadrados de terreno industrial cuyo suelo debe ser descontaminado.

Cuando cerró la factoría de Torreciega, la empresa aseguró que disponía del tiempo suficiente para cumplir con todos los trámites legales y medioambientales que debían permitir la apertura de la nueva factoría de Los Camachos -la ciudad del zinc, la llaman- antes de 2010. Nada de ello se ha cumplido, a pesar de que los trabajadores consiguieron que las administraciones central, regional y local trabajaran de forma coordinada para allanar el camino. El Gobierno central cedió el suelo necesario para la nueva planta y otra de paneles solares, mientras que el Regional y el Ayuntamiento gestionaron ayudas por valor de unos 90 millones de euros -además de agilizar todos los trámites- para salvar los 239 empleos. Zinsa sólo debía poner un proyecto industrial viable y parte del dinero que iba a obtener con la fallida venta de terrenos de Torreciega, previamente recalificados.

«Tenemos la satisfacción de haber puesto en buena sintonía a tres administraciones, que no es poco como está el patio. Este proyecto se cierra por culpa de ellos», añadió Paredes, en referencia a los directivos de Española del Zinc.

Este nuevo capítulo del conflicto laboral más largo de los últimos años en España no se cierra con la extinción de los contratos. Los juzgados de lo Social acumulan tres mil demandas de los obreros que reclaman mes a mes el cobro de los atrasos salariales y los complementos que Zinsa debía pagar durante la regulación. La deuda asciende a 4 millones de euros.